Que 118 de los 135 diputados del parlamento catalán aprueben una resolución exigiendo al Tribunal Constitucional que se renueve, que les dé la razón y que se declare incompetente (¡y todo a la vez!) es un brindis al Sol. Lo que tienen que hacer es pasar a la acción. Ya que van tan lanzados en su estrategia de deslegitimación (deslegitimación no ya de los tribunales, sino de cualquier institución que tenga que ver con España), lo que José Montilla y Artur Mas deberían exigir es que sean ellos dos los que tengan derecho a nombrar directamente a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional en caso de bloqueo, y todo resuelto.
Así, Montilla podría colocar en el TC como magistrados a Julia Otero y Carlos Jiménez Villarejo, y como ponente de la sentencia del Estatut a Manuela de Madre, por su dilatada experiencia en temas jurídicos. Mas podría nombrar a Enric Juliana y Alfonso López Tena como máximos garantes del orden constitucional, y de paso colocar como presidente del TC a Lluís Pasqual Estevill, con voto de calidad. Eso sí sería jugar limpio, y no la maniobra de esa caverna españolista que, fíjense ustedes qué osadía, cree que el Tribunal Constitucional es competente para verificar si las leyes redactadas y aprobadas por los políticos, con o sin referenda de por medio, se ajustan o no a la Constitución, o son en realidad reformas encubiertas de la misma.
Así, Montilla podría colocar en el TC como magistrados a Julia Otero y Carlos Jiménez Villarejo, y como ponente de la sentencia del Estatut a Manuela de Madre, por su dilatada experiencia en temas jurídicos. Mas podría nombrar a Enric Juliana y Alfonso López Tena como máximos garantes del orden constitucional, y de paso colocar como presidente del TC a Lluís Pasqual Estevill, con voto de calidad. Eso sí sería jugar limpio, y no la maniobra de esa caverna españolista que, fíjense ustedes qué osadía, cree que el Tribunal Constitucional es competente para verificar si las leyes redactadas y aprobadas por los políticos, con o sin referenda de por medio, se ajustan o no a la Constitución, o son en realidad reformas encubiertas de la misma.