Regreso de mi letargo, quizás transitoriamente, quizás no, porque me hierve la sangre. Lo más grave de la actuación del prófugo Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto no fue, a mi entender, su aparición y desaparición con la connivencia o la pachorra de todos los cuerpos policiales, no solo de uno. Lo más grave de la actuación, y nunca mejor dicho, del prófugo fue la manera en que irrumpió por la calle Trafalgar.
Varios diputados y exdiputados de Junts, quizás decenas, entre ellos Antoni Castellà, Josep Rius, Salvador Vergés Tejero, la presunta delincuente Laura Borràs, el delincuente Jordi Turull y el delincuente Josep Rull, rodeando al prófugo, extendiendo los brazos, empujando a periodistas y fans de Puchi mientras avanzaban, haciendo de escudos humanos, coaccionando para evitar cualquier conato de detención.
Lo rodeaban a modo de cápsula de seguridad. No sé si, en sus atestados, los mossos d'esquadra darán cuenta a la autoridad judicial del comportamiento de esas personas, porque a veces parece que la policía no es capaz de ver según qué cosas, y desconozco si, después de la despenalización de la sedición, el hecho de que una masa de personas se agrupe coordinadamente para impedir la ejecución de una orden judicial puede ser delito, pero el 8 de agosto los diputados y exdiputados de Junts nos enseñaron a todos que ellos mandan más que la policía. El caso de los delincuentes Rull y Turull es especialmente grave porque sus indultos parciales estaban condicionados a la no comisión de nuevos delitos hasta 2027.
Se ríen de nosotros y mandan más que la policía y los jueces, y bien orgullosos que están. Cuando una organización manda más que la policía, esa organización es una mafia, la mafia de Junts per Catalunya, la mafia puigdemoniaca. Son una mafia y, como cualquier mafia, están deseando ampliar el negocio. Tienen comprado al PSOE y están deseando comprar también al PP. A una parte del Partido Popular le encantaría estar en nómina de la mafia juntaire, nunca se sabe, tú ya me entiendes, no nos conviene llevarnos mal con ellos, quizás algún día con otro líder, bla bla bla. Precisamente uno de los diputados que hacía de escudo humano, Josep Rius, fue uno de los interlocutores de Daniel Sirera el verano pasado cuando González Pons fantaseaba con que Junts era un partido de innegable tradición democrática. Otro de los protectores del prófugo, Antoni Castellà, que ha pasado ya por varios partidos, siempre al mejor postor, se daba besitos y abrazos entre risas con la diputada popular Àngels Esteller la misma tarde del 8 de agosto, al terminar el pleno de investidura. Esteller o no había visto las imágenes de la mañana, o le da igual todo, o probablemente ambas cosas.
En estas manos estamos y con estos bueyes hay que arar. La policía autonómica tiene miedo de la mafia juntaire, Puigdemont no es un Jodorovich, no podemos detenerle como si fuera un mindundi, y las policías españolas y el CNI simulan estar ocupados en otras cosas. El 1 de octubre de 2017, cuando los mossos d'esquadra no pudieron, no supieron o no quisieron hacer nada, al menos la policía nacional y la guardia civil intervinieron, plantaron cara, ineficazmente si se quiere, pero al menos sembraron el caos para que quedara patente que Puigdemont no mandaba más que el Estado de derecho. Ahora, 7 años después, ya ni eso. Enhorabuena.