lunes, noviembre 17, 2014

9N (2): El nuevo Gil y Gil

Si gravísima ha sido la dejadez del gobierno español con el referendum de costillada del pasado 9 de noviembre, no menos grave ha sido la actuación del gobierno catalán antes, durante y después del día de marras.

No existe corrupción más descarnada que la de un servidor público que se niega a obedecer una resolución judicial. Es descorazonador ver a un hombre aparentemente civilizado, que ocupa el cargo de máximo representante ordinario del Estado en Cataluña, soltando las soflamas chulescas que ha espetado en los últimos días: aquí me tienen, el responsable soy yo, vayan a por mí si se atreven. Cuando el otro día insultaba a la oposición en el Parlamento, le faltaba rasgarse la camisa y ponerse a berrear a pecho descubierto. Sabedor de que el poder es él, que los fiscales catalanes no se atreven ni a pedir la admisión a trámite de una denuncia, y que tiene a media Cataluña perfectamente domesticada, es difícil ver a Artur Mas hablando con esa soberbia y no ver en él una mezcla de Jesús Gil y Rafael Correa.

Es más fácil imputar a la hermana del Rey que a Artur Mas. Es más fácil revocar un tercer grado a un presidente balear que admitir a trámite una denuncia contra un presidente catalán. Pedir que un senador dé explicaciones sobre por qué vuela en business para dormir con su novia los fines de semana es democrático. Pedir, en cambio, explicaciones a un presidente autonómico por abrir los colegios públicos de toda Cataluña un domingo mientras tiene el 50% de las luces de la recepción del Hospital Clínico de Barcelona apagadas porque no hay ni para pagar la luz, es fascista.



Claro que va a quedar todo impune, y claro que Artur Mas tiene motivos para dormir tranquilo, a no ser que lo intente empurar una jueza argentina. La portada de La Vanguardia corresponde al último fin de semana de julio de 2006, cuando el periódico de los Godó ya llevaba un tiempo cambiando de patria y de rey. El viernes, unos operarios de Iberia habían invadido las pistas del aeropuerto de El Prat, paralizaron la actividad aérea y pusieron en riesgo la seguridad de las operaciones al tener que poner en espera, y posteriormente desviar, una multitud de tráficos que se aproximaban al aeropuerto de Barcelona. Invadieron las pistas, saltándose todas las normas y todo el sentido común, porque su empresa iba a perder el monopolio del servicio de carga y descarga de equipajes facturados. No hace falta decir que aquel atropello salvaje de los trabajadores de Iberia salió gratis, y que todo el quebranto de las normas no solo supuso ninguna responsabilidad penal ni civil ni administrativa, sino que encima nadie fue despedido. La Vanguardia se esforzó en prometer castigo, pero hubo impunidad.

Si una banda de quinquis puede invadir la pista de un aeropuerto sin castigo alguno ¿por qué no va a poder el presidente de la Generalitat desobedecer una instrucción del Tribunal Constitucional? Si una banda de okupas puede impedir que los desalojen de Can Vies porque el ayuntamiento juzga más conveniente someterse a su chantaje, ¿cómo no va a sentirse impune Artur Mas?

Mientras escribo estas líneas, los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaban de anunciar que ellos también se han hecho caquita ante el presidente de la Generalitat, el nuevo Rey Sol. Aquí nadie se atreve a que mañana aparezca su cara y su nombre en La Vanguardia y en el twitter de Pilar Rahola como nuevo enemigo oficial del Prusés. Lo ha resumido muy bien el líder de lo que va quedando del PSC: no es conveniente la admisión a trámite. Aquí se hace lo que le conviene al poder, y no lo que contraría al poder. Lo único positivo es que, al menos, ya podemos imaginar qué clase de garantías y de seguridad jurídica existirían en una hipotética Cataluña independiente si un particular quisiera pleitear contra la administración.