Cuando me enteré de que en España invadir las pistas de un aeropuerto, bloquear una autopista, homenajear a terroristas, negociar con terroristas, tirar piedras contra camiones, amenazar de muerte, incendiar vehículos, defraudar al fisco mediante cesiones de crédito, llamar asesino a un presidente del gobierno o llenar de excrementos la fachada de la sede de un partido político es gratis pero en cambio insultar gravemente a un alcalde cuesta treinta y seis mil euros, me volvieron a entrar ganas, por enésima vez, de hacerme guatemalteco.