Yo pensaba que el Estado de Derecho era algo así como un Estado democrático caracterizado por la protección de los derechos fundamentales y de la libertad individual de sus ciudadanos (que son ciudadanos y no súbditos), por las garantías legales, judiciales y administrativas y por el sometimiento de todos, desde el jefe de gobierno hasta el último mono, a la supremacía de la ley, sin que nadie pueda interferir en la división de poderes.
Eso creía. Asisto a este espanto que es nosotros, a esta república bananera que es España. Un grupo de delincuentes mandan una carta a un periódico en el que afirman que van a volver a delinquir (aunque no hayan hecho otra cosa en el periodo de supuesta tregua). Esa carta coincide, casualmente, con la detención, 48 horas después, de tres etarras en el sur de Francia, con el encarcelamiento de un condenado por enaltecimiento del terrorismo y con el traslado de un chantajista a una cárcel de Aranjuez.
Nada habría que objetar a esa justa conducta si no fuera porque en los meses precedentes, cuando no existía la cartita de los etarras, el tal enaltecedor no había sido encarcelado por presiones del fiscal general del Estado y el tal chantajista había sido trasladado a un hospital de San Sebastián para visitar al homeópata y dar paseos. La arbitrariedad de las decisiones judiciales, sometidas al interés puntual del gobierno, chocan frontalmente con lo que uno podría esperar de un Estado de Derecho, con un poder judicial absolutamente independiente de la voluntad del poder ejecutivo.
Lo que más me escandaliza es que la mayor parte de la población no se escandalice. "Claro, ahora que han roto el alto el fuego, cómo no los van a detener."
Eso creía. Asisto a este espanto que es nosotros, a esta república bananera que es España. Un grupo de delincuentes mandan una carta a un periódico en el que afirman que van a volver a delinquir (aunque no hayan hecho otra cosa en el periodo de supuesta tregua). Esa carta coincide, casualmente, con la detención, 48 horas después, de tres etarras en el sur de Francia, con el encarcelamiento de un condenado por enaltecimiento del terrorismo y con el traslado de un chantajista a una cárcel de Aranjuez.
Nada habría que objetar a esa justa conducta si no fuera porque en los meses precedentes, cuando no existía la cartita de los etarras, el tal enaltecedor no había sido encarcelado por presiones del fiscal general del Estado y el tal chantajista había sido trasladado a un hospital de San Sebastián para visitar al homeópata y dar paseos. La arbitrariedad de las decisiones judiciales, sometidas al interés puntual del gobierno, chocan frontalmente con lo que uno podría esperar de un Estado de Derecho, con un poder judicial absolutamente independiente de la voluntad del poder ejecutivo.
Lo que más me escandaliza es que la mayor parte de la población no se escandalice. "Claro, ahora que han roto el alto el fuego, cómo no los van a detener."