Se llega al poder imputando 191 asesinatos al gobierno saliente.
La televisión pública anuncia un debate entre dos candidatos a las elecciones europeas, sabiendo que el debate no se va a celebrar.
Se insinúa que el expresidente del gobierno se apropió de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia.
Detienen a dos personas en una manifestación; y sólo a dos, por ser militantes de un partido político.
Se intenta que una empresa constructora que vale 2000 millones en bolsa y debe 7000 descabece la cúpula directiva del segundo banco del país, porque el actual presidente de ese banco accedió al cargo en la legislatura anterior.
Un ministro dice que si él fuera accionista, no permitiría que siguieran en su cargo los presidentes de según qué empresas privatizadas.
Otro ministro prohíbe hablar ante los medios de comunicación a los familiares de unos militares fallecidos.
Un diputado invade la propiedad privada de un periodista por tener una piscina construída ilegalmente.
No se persigue al brazo político de ETA y se incumple la ley de partidos políticos.
El presidente del gobierno, que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución, vota favorablemente a una proposición de ley que no sólo incumple Constitución sino que es antitética a ella.
Los mismos que pactan tirar tierra sobre el hundimiento de un barrio son los que pactan aprobar esa proposición de ley.
Un consejero autonómico critica a empresas privadas de su comunidad por afirmar ser españolas.
Se pone a disposición del presidente de la Comisión Europea un avión para hablar discretamente de una operación financiera que implica a instituciones de ahorro supervisadas por la administración.
Siete militantes de un partido, dos de ellos diputados, protestan ante la sede de una cadena radio y piden su cierre.
Y resulta que los radicales son los de derechas.
La televisión pública anuncia un debate entre dos candidatos a las elecciones europeas, sabiendo que el debate no se va a celebrar.
Se insinúa que el expresidente del gobierno se apropió de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia.
Detienen a dos personas en una manifestación; y sólo a dos, por ser militantes de un partido político.
Se intenta que una empresa constructora que vale 2000 millones en bolsa y debe 7000 descabece la cúpula directiva del segundo banco del país, porque el actual presidente de ese banco accedió al cargo en la legislatura anterior.
Un ministro dice que si él fuera accionista, no permitiría que siguieran en su cargo los presidentes de según qué empresas privatizadas.
Otro ministro prohíbe hablar ante los medios de comunicación a los familiares de unos militares fallecidos.
Un diputado invade la propiedad privada de un periodista por tener una piscina construída ilegalmente.
No se persigue al brazo político de ETA y se incumple la ley de partidos políticos.
El presidente del gobierno, que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución, vota favorablemente a una proposición de ley que no sólo incumple Constitución sino que es antitética a ella.
Los mismos que pactan tirar tierra sobre el hundimiento de un barrio son los que pactan aprobar esa proposición de ley.
Un consejero autonómico critica a empresas privadas de su comunidad por afirmar ser españolas.
Se pone a disposición del presidente de la Comisión Europea un avión para hablar discretamente de una operación financiera que implica a instituciones de ahorro supervisadas por la administración.
Siete militantes de un partido, dos de ellos diputados, protestan ante la sede de una cadena radio y piden su cierre.
Y resulta que los radicales son los de derechas.