Constitución Española. Artículo 14:
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Leemos estos días que el Gobierno ha aprobado la autodenominada Ley de Igualdad. En virtud de esta nueva normativa, se van a prohibir las candidaturas electorales en las que no haya un 40% de mujeres y se establecerán beneficios en forma de subvención para aquellas empresas en cuyos consejos de administración haya también al menos un 40% de mujeres.
El artículo 14 de la Constitución no deja lugar a dudas: no puede haber discriminación por razón de sexo. Y la discriminación, sea positiva o negativa, no deja de ser discriminación: por lo visto, la mayoría de la gente considera beneficioso que el poder pueda disponer cuántas mujeres y cuántos hombres tienen que ir en una lista electoral; por lo visto, poco importa que a partir de ahora aquellas mujeres que accedan a puestos de alta responsabilidad en las empresas pasen a estar bajo sospecha de haber trepado tan alto por ser damas.
A mí me parece un claro retroceso y no una señal de progreso social el hecho de que un gobierno considere relevantes los genitales, y apruebe leyes al respecto sin el voto negativo, por cierto, de ningún diputado. Si nos parece mal que una candidatura lleve pocas mujeres en su lista electoral, pues no la votaremos, si tan importante es. Pero siempre se nos adelanta papá Estado, qué digo papá Estado, papá PSOE, que tiene que velar por lo mejor para nosotros pero sin dejarnos margen de libertad a nosotros, y prohibir de entrada.
Hubo una época en que el socialismo español era sinónimo de trincar. Ahora es una mezcla de prohibiciones a mansalva y opacidad absoluta, una especie de despotismo ilustrado contemporáneo.
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Leemos estos días que el Gobierno ha aprobado la autodenominada Ley de Igualdad. En virtud de esta nueva normativa, se van a prohibir las candidaturas electorales en las que no haya un 40% de mujeres y se establecerán beneficios en forma de subvención para aquellas empresas en cuyos consejos de administración haya también al menos un 40% de mujeres.
El artículo 14 de la Constitución no deja lugar a dudas: no puede haber discriminación por razón de sexo. Y la discriminación, sea positiva o negativa, no deja de ser discriminación: por lo visto, la mayoría de la gente considera beneficioso que el poder pueda disponer cuántas mujeres y cuántos hombres tienen que ir en una lista electoral; por lo visto, poco importa que a partir de ahora aquellas mujeres que accedan a puestos de alta responsabilidad en las empresas pasen a estar bajo sospecha de haber trepado tan alto por ser damas.
A mí me parece un claro retroceso y no una señal de progreso social el hecho de que un gobierno considere relevantes los genitales, y apruebe leyes al respecto sin el voto negativo, por cierto, de ningún diputado. Si nos parece mal que una candidatura lleve pocas mujeres en su lista electoral, pues no la votaremos, si tan importante es. Pero siempre se nos adelanta papá Estado, qué digo papá Estado, papá PSOE, que tiene que velar por lo mejor para nosotros pero sin dejarnos margen de libertad a nosotros, y prohibir de entrada.
Hubo una época en que el socialismo español era sinónimo de trincar. Ahora es una mezcla de prohibiciones a mansalva y opacidad absoluta, una especie de despotismo ilustrado contemporáneo.