En cualquier otro rincón de la Europa democrática, el hecho de que un gobierno destinara 56 millones de euros a subvencionarse a sí mismo a través de informes, consultorías y redactados diversos (encargados a esposas de consejeros, asociaciones controladas por los propios políticos o fundaciones integradas por diputadas de un determinado grupo parlamentario) comportaría un terremoto mediático y político que provocaría dimisiones, disculpas ante la opinión pública, compromisos de mayor control de las finanzas y una grave indignación ciudadana.
En Cataluña no. Aquí la vida es hermosa. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se ha dedicado durante dos años a encargar informes sociológico-políticos, que en el mejor de los casos son vacuos y en el peor son fascistas, a entidades o personas vinculadas directamente con el propio gobierno de la Generalitat. La señora de Bargalló, filóloga catalana, ha percibido 1620 euros a petición de ¡su marido! para poder responder una pregunta parlamentaria acerca de la no discriminuación lingüística por motivo de sexo (al margen de la absurdez de la pregunta). La fundación Dones Juristes, de la que es miembro la diputada Carme Porta, recibe 1740 euros para que el gobierno pueda responder a una pregunta de ¡la diputada Carme Porta!
Las corruptelas del gobierno tripartito son vergonzosas, pero la histórica pasividad de la sociedad civil catalana es abominable. Cataluña necesita una catarsis política y social que aparte del poder (del poder visible y del más sutil) a todo el entramado nacionalista, que envíe a su casa a los intelectuales del régimen, a los periodistas de cámara, a los comisarios de la lengua, a los analfabetos con cargo, a los que se pasan el día hablando de finançament y luego se gastan 56 preciosos millones de euros en la nada.
Necesitamos una catarsis: no ya por estética, no por acabar con la corrupción, no por deshacer las redes clientelares e intereses a golpe de subvención. Simplemente por dignidad.
En Cataluña no. Aquí la vida es hermosa. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se ha dedicado durante dos años a encargar informes sociológico-políticos, que en el mejor de los casos son vacuos y en el peor son fascistas, a entidades o personas vinculadas directamente con el propio gobierno de la Generalitat. La señora de Bargalló, filóloga catalana, ha percibido 1620 euros a petición de ¡su marido! para poder responder una pregunta parlamentaria acerca de la no discriminuación lingüística por motivo de sexo (al margen de la absurdez de la pregunta). La fundación Dones Juristes, de la que es miembro la diputada Carme Porta, recibe 1740 euros para que el gobierno pueda responder a una pregunta de ¡la diputada Carme Porta!
Las corruptelas del gobierno tripartito son vergonzosas, pero la histórica pasividad de la sociedad civil catalana es abominable. Cataluña necesita una catarsis política y social que aparte del poder (del poder visible y del más sutil) a todo el entramado nacionalista, que envíe a su casa a los intelectuales del régimen, a los periodistas de cámara, a los comisarios de la lengua, a los analfabetos con cargo, a los que se pasan el día hablando de finançament y luego se gastan 56 preciosos millones de euros en la nada.
Necesitamos una catarsis: no ya por estética, no por acabar con la corrupción, no por deshacer las redes clientelares e intereses a golpe de subvención. Simplemente por dignidad.