Imagine un partido político que se presenta a estos comicios municipales con el siguiente programa:
- Supresión total de la vivienda pública. Ni un solo piso más de protección oficial, con sus sorteos, sus criterios de adjudicación arbitrarios y su inconfudible hedor a paternalismo administrativo.
- Limitación del mandato de alcalde a dos legislaturas, a modo de profilaxis contra el caciquismo y las poltronas.
- Reducción a la mitad del número de funcionarios. Externalización de servicios y plan de privatizaciones de empresas de titularidad municipal, para mejorar la eficiencia y evitar despilfarro.
- Eliminación de subvenciones a todas las asociaciones de vecinos, plataformas cívicas, sindicatos, fundaciones, hojas parroquiales y otros órganos constitucionales de representación popular de ese estilo.
- Renuncia a las competencias municipales en materia de urbanismo y devolución de las mismas a titularidad de la administración autonómica o estatal. Cuanto más lejos está el funcionario del ciudadano, más se dificultan las corruptelas.
- Redenominación a "Concejalía de Hacienda" en lugar de "Concejalía de Planificación Económica".
- Cierre de los medios de comunicación públicos municipales.
- Supresión de las "fiestas populares" en la vía pública, una forma nauseabundamente antiliberal de invasión a la fuerza de la intimidad y de atropello del derecho al descanso. El que quiera fiesta, que se la monte por su cuenta.
Desgraciadamente, este tipo de programa electoral no lo verá ni usted ni nadie. Los votantes de esta hipotética candidatura cabríamos en un ascensor. Y eso que la variedad de vagos, clientelizados y enganchados a la ubre pública que se verían perjudicados por la aplicación de estas medidas sería una cantidad mucho menor que la inmensa mayoría de ciudadanos a los que beneficiaría este programa. Y dado que estamos donde estamos y España es un país sociológicamente de izquierdas, será cuestión de votar a lo más cercano a la lucha contra las poltronas.
- Supresión total de la vivienda pública. Ni un solo piso más de protección oficial, con sus sorteos, sus criterios de adjudicación arbitrarios y su inconfudible hedor a paternalismo administrativo.
- Limitación del mandato de alcalde a dos legislaturas, a modo de profilaxis contra el caciquismo y las poltronas.
- Reducción a la mitad del número de funcionarios. Externalización de servicios y plan de privatizaciones de empresas de titularidad municipal, para mejorar la eficiencia y evitar despilfarro.
- Eliminación de subvenciones a todas las asociaciones de vecinos, plataformas cívicas, sindicatos, fundaciones, hojas parroquiales y otros órganos constitucionales de representación popular de ese estilo.
- Renuncia a las competencias municipales en materia de urbanismo y devolución de las mismas a titularidad de la administración autonómica o estatal. Cuanto más lejos está el funcionario del ciudadano, más se dificultan las corruptelas.
- Redenominación a "Concejalía de Hacienda" en lugar de "Concejalía de Planificación Económica".
- Cierre de los medios de comunicación públicos municipales.
- Supresión de las "fiestas populares" en la vía pública, una forma nauseabundamente antiliberal de invasión a la fuerza de la intimidad y de atropello del derecho al descanso. El que quiera fiesta, que se la monte por su cuenta.
Desgraciadamente, este tipo de programa electoral no lo verá ni usted ni nadie. Los votantes de esta hipotética candidatura cabríamos en un ascensor. Y eso que la variedad de vagos, clientelizados y enganchados a la ubre pública que se verían perjudicados por la aplicación de estas medidas sería una cantidad mucho menor que la inmensa mayoría de ciudadanos a los que beneficiaría este programa. Y dado que estamos donde estamos y España es un país sociológicamente de izquierdas, será cuestión de votar a lo más cercano a la lucha contra las poltronas.