Cuando los políticos no se fían de la sociedad civil, cuando los administradores no se fían se sus administrados, no les queda más remedio que prohibir, prohibir, obligar, obligar. Dejan de ser administradores para convertirse en vigilantes, opresores.
Dentro de la máquina de triturar libertades que es siempre un Estado, está el asunto de las pensiones de jubilación. Queramos o no, todos estamos obligados a aportar un porcentaje progresivo de nuestro salario bruto mensual a las arcas de papá Estado. Todos estamos obligados a cotizar para recibir una pensión de parte de papá Estado cuando nos jubilemos.
Lo que muchos ignoran o quieren ignorar es que nuestras aportaciones al sistema público de pensiones no sirven para cubrir nuestra futura prestación de jubilación: el dinero que el Estado recibe hoy, lo gasta hoy. Las cotizaciones que hoy son aportadas, se utilizan hoy para pagar las pensiones y los subsidios de quienes hoy cobran. Y nosotros sólo cobraremos si en el momento de nuestro retiro hubiere cotizantes suficientes, hayamos pagado lo que hayamos pagado durante la vida laboral.
El sistema público de pensiones sólo se sostiene bajo la premisa, en absoluto plausible, de que siempre habrá la población activa suficiente como para cubrir los gastos necesarios del momento, lo cual en otros contextos recibe simplemente la calificación de negocio piramidal. La estafa de los sellos descansaba sobre la misma idea: se pagaban los intereses a los clientes antiguos utilizando las aportaciones de los recién llegados; cerrado el grifo, se acabó el invento. Al menos los de Afinsa te daban a escoger si querías ser estafado o no. Con la seguridad social, te roban, sí o sí.
Lo esperable de un país adulto sería que los políticos no se metieran en la vida de los ciudadanos y que cada uno se preparase su plan de pensiones privado según sus criterios de ahorro e inversión. Sería un sistema más sencillo, más justo, más eficiente (porque Estado y eficiencia son dos conceptos contradictorios) y se evitaría el fraude. Porque qué quieren que les diga, yo me fío más de mi gestora de fondos de pensiones (y hagamos publicidad, de paso) que de una panda de funcionarios que cada cuatro años pueden cambiar y hacer lo que les dé la gana con mi dinero, y con mi futuro.
Dentro de la máquina de triturar libertades que es siempre un Estado, está el asunto de las pensiones de jubilación. Queramos o no, todos estamos obligados a aportar un porcentaje progresivo de nuestro salario bruto mensual a las arcas de papá Estado. Todos estamos obligados a cotizar para recibir una pensión de parte de papá Estado cuando nos jubilemos.
Lo que muchos ignoran o quieren ignorar es que nuestras aportaciones al sistema público de pensiones no sirven para cubrir nuestra futura prestación de jubilación: el dinero que el Estado recibe hoy, lo gasta hoy. Las cotizaciones que hoy son aportadas, se utilizan hoy para pagar las pensiones y los subsidios de quienes hoy cobran. Y nosotros sólo cobraremos si en el momento de nuestro retiro hubiere cotizantes suficientes, hayamos pagado lo que hayamos pagado durante la vida laboral.
El sistema público de pensiones sólo se sostiene bajo la premisa, en absoluto plausible, de que siempre habrá la población activa suficiente como para cubrir los gastos necesarios del momento, lo cual en otros contextos recibe simplemente la calificación de negocio piramidal. La estafa de los sellos descansaba sobre la misma idea: se pagaban los intereses a los clientes antiguos utilizando las aportaciones de los recién llegados; cerrado el grifo, se acabó el invento. Al menos los de Afinsa te daban a escoger si querías ser estafado o no. Con la seguridad social, te roban, sí o sí.
Lo esperable de un país adulto sería que los políticos no se metieran en la vida de los ciudadanos y que cada uno se preparase su plan de pensiones privado según sus criterios de ahorro e inversión. Sería un sistema más sencillo, más justo, más eficiente (porque Estado y eficiencia son dos conceptos contradictorios) y se evitaría el fraude. Porque qué quieren que les diga, yo me fío más de mi gestora de fondos de pensiones (y hagamos publicidad, de paso) que de una panda de funcionarios que cada cuatro años pueden cambiar y hacer lo que les dé la gana con mi dinero, y con mi futuro.