Este mediodía hemos conocido la noticia del accidente o derribo de un helicóptero español en Afganistán, con diecisiete militares a bordo. No es momento [ni lo deberá ser nunca] de hacer una utilización política del suceso. Sin embargo, ello no es óbice para dejar de notar que, en la jornada de hoy, se ha podido observar un elemento casi subliminal en las comparecencias del ministro de Defensa y del presidente del gobierno. Comparecencias que, por otro lado, han sido correctas, al margen del habitual vacío retórico de los discursos.
Tanto el ministro como el presidente se han esforzado en recordar que los soldados españoles están en Afganistán 1) bajo mandato de Naciones Unidas y 2) con autorización del parlamento. Sobran estos recordatorios. Primero, porque dar esa especie de justificaciones sugiere que el gobierno considera que hay ataques injustos y ataques justos (o bien accidentes lamentables o accidentes merecidos), y en segundo lugar porque no hay ninguna autorización parlamentaria para enviar soldados a países extranjeros (ni la debe haber, ya que de acuerdo con la leyes españolas el envío es competencia del poder ejecutivo). Lo que hay son proposiciones no de ley en las que las Cortes expresan su apoyo a la presencia de tropas, proposiciones sin ninguna validez ejecutiva, tal como también las hubo en el caso del envío y de la retirada de tropas españolas en Irak.
Tanto el ministro como el presidente se han esforzado en recordar que los soldados españoles están en Afganistán 1) bajo mandato de Naciones Unidas y 2) con autorización del parlamento. Sobran estos recordatorios. Primero, porque dar esa especie de justificaciones sugiere que el gobierno considera que hay ataques injustos y ataques justos (o bien accidentes lamentables o accidentes merecidos), y en segundo lugar porque no hay ninguna autorización parlamentaria para enviar soldados a países extranjeros (ni la debe haber, ya que de acuerdo con la leyes españolas el envío es competencia del poder ejecutivo). Lo que hay son proposiciones no de ley en las que las Cortes expresan su apoyo a la presencia de tropas, proposiciones sin ninguna validez ejecutiva, tal como también las hubo en el caso del envío y de la retirada de tropas españolas en Irak.